ADIÓS A LOS PRIVILEGIOS

Industria minera

ADIÓS A LOS PRIVILEGIOS

Por Sergio Castañeda

México busca gravar el sector en beneficio de las poblaciones ubicadas en zonas mineras. El problema: se oponen 137 compañías.

México busca gravar el sector en beneficio de las poblaciones ubicadas en zonas mineras. El problema: se oponen 137 compañías.

Más de 20 años llevan las empresas sin pagar derechos por la producción de minerales, desde la privatización del sector minero y metalúrgico en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Todo parece indicar que los privilegios que gozan las más de 1,200 firmas que operan en el país, han llegado a su fin.

El Gobierno buscará reformar la ley para que las mineras, nacionales y extranjeras, paguen un impuesto de 5% de sus ingresos acumulables netos en beneficio de la Federación, los estados y municipios donde se realiza la explotación de los recursos. Esto ocurre en concesiones que abarcan más de 26% del territorio nacional.

Hasta ahora, la privatización del sector ha reportado muy poco al Estado y a las poblaciones en las que se realiza la actividad extractiva o industrial, coinciden expertos del sector y organizaciones gremiales. Esto, a pesar de que el valor de la producción minera ha crecido de manera descomunal: de $4,968 millones de dólares (mdd) en 2005 a $23 mil mdd el año pasado. Actualmente, las empresas solo pagan entre $5 y $11 pesos por hectárea concesionada, según el Sindicato Nacional de Mineros.

En el periodo mencionado, Peñoles casi ha cuadruplicado sus ventas (de $1,919 mdd a $7,460 mdd) y quintuplicado sus utilidades (de $152.9 a $768.3 mdd); mientras, Grupo México ha duplicado sus ventas (de $5,189 a $10,182 mdd) y sus utilidades (de $1,063 mdd a $2,401 mdd).

Si el nuevo impuesto se cobrara sobre las ventas, tan solo estas dos empresas tendrían que pagar 882.1 mdd; si fuera en base a la utilidad neta, pagarían 158.4 mdd.

Cabe mencionar que entre 2005 y 2008, la inversión ejercida por las firmas mineras en obras de infraestructura se calcula en 800 mdd, es decir, 200 mdd por año, informa la Cámara Minera de México (Camimex).

El diputado priista Fernando Zamora Morales, integrante de la Comisión de Economía, considera que es necesario que las compañías establecidas en los diversos territorios aporten parte de sus ganancias para que los pueblos donde se ubican mejoren.

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Posiciones encontradas

La reacción de las mineras no se hizo esperar. La Camimex, que agrupa a las 137 más importantes, se opuso al proyecto que gravaría al sector a partir de un análisis que solo toma en cuenta el último ciclo positivo, sin un profundo conocimiento del mismo. Hay señales claras de que comienza un ciclo negativo de precios bajos de los metales, lo que dificulta su crecimiento y desarrollo.

Desde su punto de vista, no existe un estudio exhaustivo sobre esta industria, que requiere fuertes inversiones a largo plazo y genera miles de empleos e infraestructura básica y social.

“Las importantes inversiones que se realizan contribuyen directamente en la creación de luz, agua, caminos, carreteras, escuelas, hospitales, centros deportivos y de asistencia social en las comunidades. Un nuevo impuesto que cambie las bases sobre las que se tomaron las decisiones de inversión provocará incertidumbre fiscal y jurídica, reduciendo la competitividad de la industria minera nacional”, afirma el organismo empresarial que dirige Sergio Almazán.

Especialistas coinciden en que, de aprobarse el impuesto, las compañías dejarían de invertir en obras de pavimentación, drenaje y alcantarillado, alumbrado eléctrico, manutención de plazas públicas y reforestación. Asimismo, se reducirían los fondos para servicios de salud, educación y construcción de vivienda, tanto para sus trabajadores como para la comunidad en general.

Para Julio Zetina, analista de Vector, con el nuevo gravamen el trabajo que venían haciendo las empresas con las comunidades en materia social y de infraestructura disminuirá, y en algunos casos desaparecerá. Sin embargo, desestima que vaya a ver una salida de empresas o que dejen de llegar nuevos actores. “Es algo natural, México era de los pocos países mineros que no tenían un impuesto a esta actividad. Me parece que el 5% que se quiere cobrar está en línea o, incluso, por debajo de lo que se cobra en otras naciones. No debe ser motivo de preocupación”.

Fernando Bolaños, de Monex, coincide con Zetina. “No creo que el nivel de inversiones decaiga. México es muy atractivo por los recursos minerales que posee. A pesar del impuesto que se pretende cobrar, seguirán fluyendo los recursos para exploración, ampliación de minas y plantas de refinación. Veremos cada vez más compañías instalándose en el país”.

Para Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros, la iniciativa es un mínimo adelanto respecto a la situación de caos y desorden que, por obra del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, prevaleció con la privatización del sector minero y siderúrgico. “De aprobarse por el Senado, se les impondrán contribuciones sobre las cuantiosas ganancias obtenidas en la producción, o regalías. A pesar de sus limitaciones, esto ya significa un avance. México, desde el sexenio de Salinas (1988-1994), ha pagado ínfimas cantidades en comparación con otros países. En Australia se paga hasta 10%, en Chile hasta 5%, en Rusia 8%, en Estados Unidos 12% y en Canadá 17.5%”.

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Impuesto con vocación social

En función del proyecto aprobado en la Cámara Baja, 30% de lo recaudado será para la Federación; el restante 70% se destinará a estados y municipios en los que se desarrolla la explotación y obtención de sustancias minerales.

Hay actividad minera en 24 estados, destacando por sus volúmenes Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Durango.

Los recursos serán aplicados en inversión física con impacto positivo en lo social, ambiental y de desarrollo urbano. Incluirá la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; pavimentación, mantenimiento de calles y caminos locales; la instalación de alumbrado público; rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos y mejora de calidad del aire; además, obras que preserven áreas naturales.

Para aplicar dichos recursos se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. A cargo habrá un representante de la Administración Pública Federal, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además, tendrán un representante del Gobierno del Estado, del Distrito Federal y empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.

Gerardo Palomar, director de Programas de Derecho en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, considera difícil que los recursos provenientes de este nuevo impuesto lleguen a las comunidades aledañas a las minas. “Sabemos los niveles de corrupción que existen en los gobiernos estatales y municipales. Creo que es un error. Las empresas y los pobladores venían trabajando muy bien; ahora que entra el Gobierno las cosas cambiarán; se romperá el vínculo que existía”.

Aún falta que la iniciativa pase a la Cámara Alta para su modificación o ratificación. Mas los especialistas creen que será aprobada por unanimidad, tal como sucedió en la Cámara de Diputados.

“Las compañías tratarán de detenerla en el Senado, pero al final se aprobará. Hay temas más prioritarios para el país como la reforma energética y fiscal”, sostuvo Bolaños, de Monex.

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Cómo impacta tus inversiones:

  • De aplicarse el impuesto las acciones mineras pueden experimentar una baja
  • En lo adelante, el mercado retornaría a la normalidad. No se reducirán las inversiones debido al impuesto.
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