NUEVA LEY DE AMPARO

Voces a favor y en contra

NUEVA LEY DE AMPARO

Por Adrián Díaz

El amparo es un medio para poner en acción la garantía de la protección judicial de los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de México, cuando estos son afectados por actos u omisiones provenientes del poder público o de particulares, y que visiblemente son ilegales o arbitrarios.

Además, el amparo cumple una doble función:

  1. Proteger al ciudadano en sus garantías fundamentales
  2. Proteger la Constitución, al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea por normas generales que la contradigan o por actos de autoridad que vulneren los derechos fundamentales reconocidos en la misma

El amparo es uno de los temas que el Pacto por México tenía en su agenda y que había sido discutido en varias ocasiones por diputados y senadores. Por ello, el pasado 2 de abril, la nueva Ley de Amparo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto reglamenta el artículo 103 Constitucional y modifica 107. Adicionalmente, adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como las fracciones I y II del artículo 105 de la Carta Magna. Por esto, de manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las cámaras del Congreso de la Unión –a través de sus presidentes– o el Ejecutivo Federal –por conducto de su Consejo Jurídico– podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se cambien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

El primer mandatario explica que se amplía la esfera de protección a los derechos: “Se eleva la eficacia de la justicia mexicana. Se establece la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Es decir, la sentencia de todo amparo señalará con precisión los términos en que deba cumplirse, y evitar así remisiones recurrentes que sólo dilataban la justicia. Se fortalece al Poder Judicial de la Federación, particularmente a la Suprema Corte de Justicia. Se crean los Plenos de Circuito, otorgando a los actuales circuitos judiciales una autonomía relativa, a fin de que las contradicciones de tesis que se generan al interior de un mismo circuito sean resueltas a través de los primeros”.

José María Lujambio Irazábal, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), afirma: “Es un proyecto que se ha estado trabajando desde hace muchos años y cuenta con amplios consensos, tanto del Poder Judicial como del Legislativo, y recoge varios de los conceptos que se establecieron en la Constitución con la reforma en materia de derechos humanos de 2011”.

De acuerdo con Javier Navarro Velasco, socio de Grupo de Práctica de Resolución de Controversias de Baker & McKenzie México, “la nueva Ley trae pocas novedades. Los cambios reales ya aplicaban de acuerdo a las jurisprudencias de la SCJN. Los cambios sobresalientes van a dar mucho de qué hablar y habrá que esperar un tiempo para saber cuáles serán los criterios de la Suprema Corte”.

Hay que recordar que con esta Ley se introduce la posibilidad de promover amparo no sólo cuando se afecte el interés jurídico, sino también cuando se vulnere un derecho subjetivo o se afecte el interés legítimo del quejoso.

Por ejemplo, si un empresario decide instalar un bar, una o varias personas –cuyas viviendas se ubican cerca (en la misma cuadra) del nuevo establecimiento– podrán interponer un amparo para evitar la instalación del negocio. Para ello podrían alegar que la actividad violenta sus derechos legítimos de seguridad y tranquilidad. Los efectos que tendrá en la práctica dependerán, en gran medida, de la interpretación que hagan los tribunales federales de estos conceptos.

Los supuestos para conceder la suspensión del acto reclamado que violenta los derechos de un gobernado no varían. Sin embargo, un documento de Baker & McKenzie México señala que “la nueva Ley de Amparo establece que si se consideran perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, no se concederá la suspensión del acto reclamado en ciertas hipótesis. No obstante, los juzgadores podrán, excepcionalmente, conceder la suspensión si –a su juicio– la negativa de la medida pudiera causar una afectación mayor al interés social”.

Por otra parte, “la Ley prohibe de que antros y negocios de giros negros puedan obtener una suspensión provisional en caso de un amparo (los negocios demandados deberán suspender sus actividades mientras dure el juicio). Esto es muy favorable porque hay en el país alrededor de 100 casas de apuestas que operan con la protección de un amparo obtenida mediante la suspensión provisional, aun cuando están violando flagrantemente la ley”, explica Arturo Argente Villareal, director del Departamento de Derecho del ITESM, Campus Toluca.

Cómo afecta a las empresas

Lujambio Irazábal comenta que hay algunas cuestiones que pueden resultar preocupantes, como los actos del Estado que tengan que ver con concesiones de bienes del dominio público. “Hay actividades que no pueden ser realizadas por los particulares de manera libre, sino que corresponden al Estado. Entonces, para que las puedan desempeñar, las empresas privadas necesitan una concesión. Si la compañía presentara una demanda de amparo ante el poder judicial, no podría obtener en ningún caso la suspensión de ese acto. Significa que, por ejemplo, para un concesionario de minas, cuyo negocio esté en marcha, si el Estado (en este caso la Secretaría de Economía), decide retirar esa concesión, no existe la posibilidad de suspender el acto mientras dure el juicio de amparo. El juicio puede durar año y medio y ese concesionario de minas tendrá que parar hasta que el juez dictamine si puede o no seguir con la concesión. Durante ese tiempo, es muy posible que el negocio fracase”.

Por este motivo, el Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, expresa su preocupación argumentando que: “En específico, la redacción del artículo 129, en sus fracciones XI –relacionada con entidades financieras– y XIII –referente a concesiones de bienes de dominio de la Nación–, obstaculiza la suspensión, herramienta fundamental con la que contamos en México para hacer efectiva la justicia. Un amparo sin suspensión (detener o diferir por algún tiempo una acción u obra) no es una protección efectiva para las empresas, porque permite que se prolongue la violación de derechos para esta durante todo el juicio y, en ocasiones, el daño es irreparable. Un acto de autoridad arbitrario, con base en los cambios propuestos, puede provocar la quiebra de una compañía o de cualquier individuo antes de que la autoridad judicial determine el fondo del asunto. La suspensión es un acto protegido por la Constitución y por los tratados internacionales aplicables, particularmente el Pacto de San José. No puede ser un derecho que se otorgue a unos y se niegue a otros”.

Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, también lamenta el hecho: “La Ley de Amparo ya fue votada y no estuvimos de acuerdo. Ahora lo que demandamos es que haya una profesionalización de la autoridad, sobre todo de la que impartirá la regulación en los distintos temas de competencia económica. Nos interesa muchísimo que haya una apertura y disminuya el costo país para la competitividad. Que el ejercicio de la autoridad sea transparente, con rendición de cuentas, para que nos quede clara la aplicación de la ley”.

Por su parte, Benjamín Robles Montoya, senador de la República por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), muestra una opinión diferente a la de los empresarios: “Esta ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial; por el contrario, será una herramienta efectiva que potenciará el control constitucional, privilegiando en todo momento la protección de los derechos de los gobernados y el interés público. Algunos grupos sociales han manifestado incertidumbre sobre si, con la nueva regulación, se verá mermada la protección legal en la lucha o defensa de sus derechos. A ellos les decimos que los senadores del PRD no permitiremos un retroceso que legalice la impunidad ni el abuso de autoridad. Se ha señalado también que las empresas pueden verse afectadas, pero no es así: esta ley privilegia la condición humana, el libre y completo ejercicio de los derechos ciudadanos y de las personas morales, pero no se tolerará más el abuso, el coyotaje ni los abogados leguleyos. Vamos por la completa defensa de los derechos humanos contra los actos de autoridad”.

Si bien la ley genera controversia en un segmento del sector empresarial, es claro que representa un gran avance para la mayoría de los mexicanos, sobre todo si se toma en cuenta que los derechos humanos hoy están más protegidos.

PactoSanJose

Plenos de Circuito

Son órganos –creados por mandato constitucional– cuya tarea es interpretar y constituir criterios obligatorios, al dirimir las denuncias formuladas por contradicción de tesis emanadas de los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, ya sea especializado o mixto.

Vigilancia a la autoridad

La SCJN podrá separar de su cargo y consignar ante el Juez de Distrito, tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico, cuando incumplan una sentencia de amparo.

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