¿ES POSIBLE DETENER EL LAVADO DE DINERO?

Retos para México

¿ES POSIBLE DETENER EL LAVADO DE DINERO?

[Por Adrián Díaz / Ilustración Cruz Martínez]

Con la nueva ley contra el lavado de dinero, México dió un paso adelante. Sin embargo, todavía el crimen se cuela por los resquicios legales, lo cuál representa un gran reto para el país y las autoridades.

Con la nueva ley contra el lavado de dinero, México dió un paso adelante. Sin embargo, todavía el crimen se cuela por los resquicios legales, lo cuál representa un gran reto para el país y las autoridades.

Desmantelar las estructuras financieras de las organizaciones criminales se ha convertido en objetivo principal de varios gobiernos, especialmente Estados Unidos. Órganos reguladores e instituciones trabajan en detectar y prevenir operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

A la par, los cárteles del narcotráfico no cesan en sus intentos de blanquear dinero. El caso más reciente fue el del banco HSBC Holding, acusado por el Senado estadounidense de no alertar que, entre 2007 y 2008, su filial en México envió a la unidad norteamericana $7 mil millones de dólares de procedencia desconocida.

Este caso no es el único que enfrentara HSBC. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, lo investigan por supuestos vínculos con históricas transacciones monetarias ilegales, que involucran a Irán.

El escándalo Standard Chartered y otros

El superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, Benjamin Lawsky, declara que el Standard Chartered Bank “operó como una institución deshonesta” por su presunta conspiración con el gobierno Iraní para lavar $250 mil millones de dólares entre 2001 y 2010.

Lawsky agregó que, “la unidad del banco con sede en Londres fue aparentemente ayudada por la consultora Deloitte & Touche”. Esta ocultaría los detalles, pese a estar bajo la supervisión del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y varios reguladores más, por otras fallas de cumplimiento.

“Las acciones del banco dejaron al sistema financiero de EU vulnerable a los terroristas, traficantes de armas, narcotraficantes y regímenes corruptos, y privaron a los investigadores de información crucial para rastrear toda forma de actividad criminal”, considera Lawsky.

Al darse a conocer esta información, Standard Chartered manifestó su rechazo. “El grupo no cree que la orden emitida por el Departamento de Servicios Financieros represente una imagen precisa de los hechos”. Indicó también que los hallazgos no coincidían con las acusaciones. Por ello, y de forma voluntaria, comenzaron a revisar las transacciones junto a los reguladores norteamericanos.

El banco añadió que ninguno de sus pagos iraníes fue en beneficio de grupo terrorista alguno, ya que 99.9% de las 600 mil transacciones dudosas, cumplieron con las regulaciones.

Días después, Standard Chartered aceptó pagar una multa por $340 millones de dólares y permitir la presencia de un observador, por al menos dos años, para evaluar los controles de riesgos relacionados con el lavado de dinero en su sede de Nueva York.

Apenas pasado este incidente, el New York Times reveló que el Deutsche Bank y otros bancos de talla internacional estaban siendo investigados por fiscales estadounidenses. ¿La razón? haber sostenido negocios con Irán, Sudán y otras naciones sancionadas por las autoridades norteamericanas.

De acuerdo al diario, tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la fiscalía del distrito de Nueva York indagan si estas instituciones utilizaron sus sucursales para movilizar miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con el país medio-oriental.

Otros bancos que se encuentran bajo la mira de las autoridades de acuerdo con el New York Times son JP Morgan y Bank Of America.

JP Morgan fue acusado en 2011 de transferir dinero de Cuba e Irán, violando sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos contra estos países.

Mientras, la fiscalía de Manhattan, los Departamentos del Tesoro y de Justicia, además de otras agencias, han logrado pactos con bancos extranjeros, como Credit Suisse, Lloyds e ING, por permitir presuntas acciones de lavado dinero.

¿La lavandería México ya cerró?

Tras el escándalo de HSBC, los senadores mexicanos sacaron del congelador la famosa Ley Antilavado -iniciativa del presidente Felipe Calderón, detenida por dos años en el Congreso-. En esta ocasión, dejaron a un lado sus acostumbradas prácticas de ataque y llegaron a un cuerdo. El 11 de octubre, casi por unanimidad (108 votos a favor y tres en contra) aprobaron en lo general la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Perfil del blanqueador

Dado que uno de los objetivos de esta ley es detectar y prevenir actos u operaciones de los procesos de lavado de dinero, es pertinente conocer quiénes pueden ser los involucrados.

De acuerdo con el rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique, los lavadores generalmente se infiltran en empresas financieras y se mueven en los ambientes empresarial, político y social. Esto ha generado que el número de profesionistas que blanquean dinero en las compañías donde laboran creciera 30% en los últimos tres años. “Tradicionalmente -señala Manrique- los profesionistas que lavan dinero trabajan en bancos, casas de Bolsa, aseguradoras e inmobiliarias, entre otros. Sin embargo, actualmente operan como corredores de arte, concesionarios automotrices, prestadores de servicios profesionales o dentro del sector de hotelería y turismo”.

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Puntos claves de la Ley Antilavado

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a que exista una mayor cooperación entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República. Esta última, por cierto, ya cuenta con una nueva Unidad Especializada de Análisis Financiero.

Además, las instituciones financieras están obligadas a tomar medidas y procedimientos para prevenir y detectar posibles delitos y reportarlos a la SHCP. En tanto, el sector privado y las autoridades deben vigilar las actividades vulnerables de juegos de apuesta, sorteos, emisión de tarjetas de crédito o prepago, uso de cheques de viajero, compra venta de joyas, préstamos o venta de inmuebles y autos, que rebasen ciertos montos.

“El mejor mecanismo para blindar a la economía formal de operaciones de blanqueo es el conocimiento del cliente. Si bien este principio se encontraba ya previsto en nuestra legislación y es operativo para el sistema financiero desde hace ya muchos años, el resto de la economía no tenía un marco normativo ni mecanismos de reporte que la protejan.”, señaló el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

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¿Qué pasa con el uso de efectivo?

Uno de los temas que más llama la atención es la restricción en el uso del efectivo para operaciones de altos montos, producto del crimen organizado. Así mismo se pretende obstaculizar el volumen de efectivo en la económica formal.

La ley tipifica las siguientes prohibiciones para ciertas actividades vulnerables:

  • Realizar obligaciones u operaciones cuyo valor sea igual o superior a 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($200,079.30 pesos), mediante el uso de monedas y billetes.
  • Realizar operaciones en el caso de la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, cuyo valor sea igual o superior a 8,025 salarios mínimos ($500,198.25 pesos), mediante el uso de monedas y billetes.
  • Para los Fedatarios Públicos (notarios), la ley precisa que para cualquier instrumento en el que hagan constar operaciones consideradas actividades vulnerables, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones derivadas, siempre que las operaciones tengan un valor igual o superior a 8,025 salarios mínimos.

Para que las empresas y las personas realicen alguna de las actividades vulnerables señaladas, deben hacer cambios en sus procesos de operación, administración y negocio, en su organización y sus sistemas de tecnología de información. Significa una inversión adicional a fin de no incurrir en las sanciones económicas derivadas de su incumplimiento.

Impacto de la ley

Ante ello, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estima que la nueva ley originará cambios en la forma de interactuar de los negocios con sus clientes, particularmente en las restricciones del uso de efectivo.

Las áreas más afectadas serán las de venta o unidades de negocio. Por ello, el departamento de recursos humanos deberá cerciorarse de contar con personal capacitado para sensibilizar a los clientes y darles a conocer los nuevos requisitos.

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El lado oscuro

De acuerdo con Edgardo Buscaglia, presidente del Instituto de Acción Ciudadana e investigador de la Universidad de Columbia, la nueva ley cumple sólo con algunas de las 40 recomendaciones que hace el Gafi (Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux), mecanismo internacional enfocado a combatir las acciones financieras de grupos criminales, el financiamiento al terrorismo y el lavado de recursos ilícitos.

El problema es que el lavado de dinero en México es de tipo penal; exige que alguien, a sabiendas, lave dinero. Esto hace que la figura penal sea muy difícil de aplicar. El material probatorio que exige el Estado tiene un costo muy elevado y en la mayoría de los casos se cae.

“El Gafi recomienda establecer una coordinación entre las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, las tributarias o los auditores fiscales, así como las fiscalías estatales y federales, cosa que en México no se le presta atención”, afirma Buscaglia.

En contraparte, el presidente de la Asociación de Banqueros de México, Jaime Ruiz Sacristán, afirma que la nueva ley es un complemento que refuerza la seguridad del sistema financiero nacional. “Varios comercios y empresas van junto con los bancos a vigilar el lavado. Es un apoyo a todo México, todos tenemos que luchar en contra del lavado de dinero. Son muy buenas medidas que tendrán resultados en el corto plazo. Esperemos que las empresas empiecen a aplicarlas. Se publicaron recientemente, tienen que entenderlas, conocerlas e invertir en sistemas para seguirlas”.

Sin embargo, José Luis de la Cruz, director del Centro de Investigaciones en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, Estado de México, señala otra debilidad: La extinción del dominio. “Existen muy pocas razones para aplicar esta norma, y prácticamente se tiene que demostrar el delito al ciento por ciento para causar la extinción del dominio de las propiedades generadas a través de actividades ilícitas. Muchas veces, los patrimonios que se benefician con este tipo de actividades ya no están directamente vinculados con el delito, sino que fueron generados por las ganancias obtenidas en otras épocas. Al no entrar esto necesariamente dentro de la ley de extinción de dominio, deja a salvo la mayor parte del patrimonio generado por este tipo de actividades”.

Miguel Ángel Salamanca, investigador del Centro de Investigación y Docencia económica, coincide sobre lo costoso de la ley. “No facilita a las autoridades perseguir el delito. Lo que estamos haciendo es una ley que te faculta para detectar cada vez más operaciones inusuales dentro de las muchas que existen. Pero no le están dando a las autoridades los dientes para perseguir el delito. Lo que queremos son aprehensiones, detener al crimen, y creo que dentro de la misma exposición de motivos de la ley fue una de las causas presentadas. Sin embargo, al final lo que obtenemos es una normatividad que trae como resultado más detecciones y menos aprehensiones.”

En conclusión, si bien la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita plantea lineamientos generales para la regulación de las actividades, los especialistas coinciden en que la administración de Enrique Peña Nieto tendrá una asignatura pendiente para reforzar la legislación, vigente a partir de julio de 2013.

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